Todos los políticos, de un signo u otro, se resisten como gato panza arriba. Nadie quiere cambiar la actual ley de cajas. Todos quieren su banquito regional particular donde no dar muchas explicaciones para pedir financiación. Es verdad que Rodrigo Rato lo intentó cuando era vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, pero los barones territoriales, sobre todo los de las comunidades autónomas con ejecutivos del PP (Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja y Comunidad de Madrid principalmente) se opusieron abiertamente. El líder del partido y entonces presidente Aznar se plegó y la reforma quedó recortada. Las autonomías siguen mandando y en algunos casos, como el de Esperanza Aguirre en Madrid, la ley regional aumenta este poder.

Pero ha llegado la crisis. Con ella, los prpcesos de fusión en los que están inmersas una veintena de cajas. Y entre medias la guerra abierta en Caja Madrid. Dos cosas llaman poderosamente la  atención de los últimos días y las dos ponen de relieve que la actual ley no aguanta un proceso como el actual. LLama la atención, por ejemplo, escuchar a Esperanza Aguirre cuando dice que élla no tiene candoidato para Caja Madrid y que a ella no le corresponde nombrarlo cuando con el calor del verano y la peleaya abierta, le recordó en voz alta y en público al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que con la nueva ley de cajas regional le corresponde a la entidad tuteladora (en este caso el Gobierno de la Comunidad de Madrid) proponer el candidato a presidente parfa que el Consejo lo vote. ¿Por qué tanto empeño? La revista Tiempo de esta semana da algunas claves. Las fusiones guardan tras de sí cambios de poder y los gobiernos autonómicos no quieren perder el suyo.

La segunda de las cuestiones que llama la atención es el proceso de fusión de Caja de Castilla-La Mancha. Ahora sale a la luz que la Bilbo Bizkaia Kutxa (BBK) quiere una fórmula imaginativa para no perder el control. Si la caja vizcaína se come a la manchega, como esta segunda tiene más tamaño, el pez chico se quedaría con el grande, pero al aplicar la ley actual las instituciones vascas perderían el control de BBK, ya que los sindicatos y los depositantes de fuera serían mayoría. El sindicato vasco LAB ya ha dicho que la fusión no tiene sentido porque no contribuye al progreso de Euskal Herria. Pero esto, que podría ser una  anécdota, no lo es. En cualquier unión de cajas que afecte a entidades de dos o más comunidades autónomas va a haber cambios de poder y pérdidas de control. Mucho me temo que o se cambia la ley o las fusiones estarán descafeinadas o sencillamente no se harán y se alargará el problema.